Los posibles solicitantes de pensión de jubilación anticipada voluntaria a partir del 1 de enero de 2026 van a encontrar unas condiciones económicas menos favorables al haber finalizado el periodo transitorio recogido en la citada disposición transitoria. 

¿Es posible adelantar la edad ordinaria de jubilación cuando se han realizado estos trabajos a lo largo de nuestra vida laboral?

La edad ordinaria de jubilación para el año 2025 está fijada en 66 años y 8 meses cuando se acrediten menos de 38 años y 3 meses de cotización. En caso de superar ese periodo de cotización, la edad de jubilación ordinaria se mantiene en 65 años.

Esta edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada para aquellas actividades profesionales, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten la realización de la actividad un determinado periodo de tiempo.

En todo caso, al igual que el resto de jubilacionesanticipadas, se requiere que la persona trabajadora se encuentre en situación de alta o asimilada a la de alta, además de cumplir el resto de los requisitos establecidos.

La aplicación de los coeficientes reductores no puede dar lugar a que el interesado acceda a la pensión de jubilación con edad inferior a 52 años. Esta limitación no afectará a los trabajadores de los regímenes especiales de la minería del Carbón ni a lo Trabajadores del Mar que, a fecha 1 de enero de 2008, hubieran tenido reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación, en cuyo caso, seguirán siendo de aplicación las reglas establecidas en la normativa anterior (fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social).

Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores. 

 Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores. 

La norma tiene como objetivos principales la identificación de profesiones que justifican una jubilación anticipada, la regulación del procedimiento para aplicar coeficientes reductores y el aseguramiento de que la reducción solo se permita si no es viable mejorar las condiciones laborales del trabajo desarrollado. 

Ámbito de Aplicación: 
· Trabajadores por cuenta ajena o propia. 
· Empleados públicos. 
· No aplica a actividades con régimen de jubilación anticipada ya existente.

Los requisitos de acceso a la jubilación anticipada por razón de actividad no han variado:  

· Acreditación de un mínimo tiempo trabajado en condiciones penosas. 
· No se podrá acceder a la jubilación antes de los 52 años. 
· No se permite compatibilizar la jubilación anticipada con el mismo trabajo que originó la reducción. 
· La aplicación de estos coeficientes implicará una cotización adicional a la Seguridad Social, compartida entre empresa y trabajador, al modo que se viene efectuando para otros colectivos (bomberos, policía local, etc). 

Procedimiento: Tramitación ordenada y digital.

 Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo 

Esta norma introduce una serie de medidas que pretenden fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, así como una salida del mercado de trabajo de forma más progresiva y flexible para los trabajadores llegada la hora de su jubilación. 

Pensión de Jubilación demorada (artículo 210.2, letras a) y b) del TRLGSS

Se establece la compatibilidad entre el complemento de demora y la pensión de jubilación activa. Se mantiene la incompatibilidad con la parcial, la flexible y aquellas en que se hubiera accedido desde una situación asimilada a la de alta.

En cuanto a las mejoras por jubilación demorada, se producen las siguientes modificaciones: 

Pensión de Jubilación activa (artículo 214 TRLGSS)

Desaparece la denominación “Envejecimiento activo”, pasando a denominarse “Jubilación activa”.

Se elimina el requisito de que, para acceder a esta modalidad de jubilación, se hayan tenido que acreditar cotizaciones suficientes a fin de que la pensión alcance el 100% de la base reguladora.

En aquellos supuestos en los que el periodo mínimo de cotización para el acceso a la jubilación se reúna después de llegar a la edad ordinaria que en cada caso corresponda, el periodo mínimo de un año se computará entre dicha fecha y la del hecho causante de la pensión.

Se elimina el porcentaje fijo (50%), aplicándose ahora un porcentaje variable en función del tiempo de demora, que va desde el 45% de la pensión (1 año de demora) hasta el 100% (5 o más años de demora). Además, este porcentaje de la pensión se va incrementando 5 puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos en los que el pensionista permanezca en situación de jubilación activa (sin superar el 100%).

En el supuesto de que la actividad se realice por cuenta propia y se acredite tener contratado para la realización de la propia actividad, al menos, a un trabajador por cuenta ajena con carácter indefinido y con una antigüedad mínima de 18 meses, o si se contrata con carácter indefinido a un nuevo trabajador por cuenta ajena que no haya tenido vínculo laboral con el trabajador autónomo en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 75% cuando la demora en el acceso a la pensión de jubilación haya sido de entre uno y tres años, aplicándose el porcentaje general desde el cuarto año de demora(incluido el adicional del 5%).

Pensión de Jubilación parcial (artículo 215 TRLGSS)

Se amplía la reducción de jornada hasta un máximo del 75% (antes 50%) para los trabajadores que se jubilan parcialmente habiendo cumplido la edad ordinaria de jubilación.

El 1 de junio de 2024 ha entrado en vigor el Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social entre España y Moldavia.

El texto del Convenio se ha publicado en el BOE número 115 del 11 de mayo de 2024 y su articulado permite armonizar los periodos de trabajo realizados en ambos países, a efectos de Seguridad Social.

En la redacción de este Convenio bilateral se ha respetado una estructura y contenido similar a otros firmados por España. Destacan como principios informadores la igualdad de trato, totalización de periodos de seguro o supresión de cláusulas de residencia.

¿A qué prestaciones afecta? Campo de aplicación material:

Por parte de la República de Moldavia se han incluido la pensión de vejez, la pensión de invalidez determinada por enfermedades comunes, la pensión de supervivencia y la pensión y prestaciones de invalidez por lesiones laborales o enfermedades profesionales.

Por parte de España se aplicará a las modalidades contributivas de: jubilación, incapacidad permanente y supervivencia derivadas de contingencias comunes o profesionales. No será de aplicación a las pensiones incluidas en los regímenes especiales de funcionarios públicos, civiles y militares.

No obstante, cuando la duración de los periodos de actividad laboral realizados en alguno de los paísesfirmantes no alcance la duración mínima de un año, dicho Estado no reconocerá pensión alguna por estos periodos.

El Convenio será extensible a nuevos grupos de personas si la otra parte, una vez haya sido notificada, no se opone en el plazo de tres meses. También podrá aplicarse a nuevos regímenes de Seguridad Social cuando ambas partes así lo acuerden.

¿Qué personas están incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio? Campo de aplicación personal:

El Convenio será de aplicación a los trabajadores ypensionistas que estén o hayan estado sujetos a las legislaciones de una o ambas Partes Contratantes, así como a sus supervivientes.

En el caso de los trabajadores, quedarán sujetos a la legislación del Estado en cuyo territorio ejerzan la actividad laboral, aunque se contempla la posibilidad de respetar la legislación del país de origen en el caso de trabajadores desplazados por su empresa de manera temporal al territorio de la otra parte.

Contenido del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

¿Cuáles son los antecedentes de la publicación de este Real Decreto?

Recordemos:

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, atribuye en su artículo 21 al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración y de políticas de inclusión.

Con posterioridad, el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, estableció en su artículo 20 la estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta el nivel orgánico de dirección general.

En cumplimiento de dicha normativa, es necesario desarrollar su estructura hasta el nivel orgánico de subdirección general, definiendo asimismo las competencias de cada uno de sus órganos. Por tanto, esta es la finalidad principal de la norma que nos ocupa.

¿Cuáles son los principales cambios que se introducen a partir del 23 de mayo en cuanto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones?

Se destaca que la competencia atribuida por el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha cambiado: es el Departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas, así como de la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración y de políticas de inclusión.

El primer cambio lo encontramos en la delimitación de los órganos superiores y directivos:

Se mantienen La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, La Secretaría de Estado de Migraciones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, se sustituye la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, con rango de Subsecretaría, por la Secretaría General de Inclusión, que mantiene igualmente su rango de Subsecretaría.

La Secretaría de Estado de Seguridad Social y pensiones 

Sus funciones no han cambiado pues sigue ostentando la dirección y tutela de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad

Social, adscritas al Departamento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros ministerios y a otras unidades del Departamento.

También el impulso y la dirección de la ordenación jurídica del sistema de la SeguridadSocial y pensiones o el impulso y la dirección de la planificación y el análisis económico y financiero del Sistema de la Seguridad Social y de las pensiones, la dirección y coordinación de la gestión de los recursos financieros y gastos de la Seguridad Social y de las pensiones o la planificación y tutela de la gestión ejercida por las entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

Sigue dependiendo de esta Secretaría, como órgano directivo, la dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) y mantiene su adscripción la Intervención General de la Seguridad Social

(IGSS), con rango de dirección general, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS). Como servicio común se adscribe el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social (SJSS).

La Secretaría de Estado de Migraciones

También se mantiene sin cambios. Le corresponde desarrollar la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración.

De la Secretaría de Estado de Migraciones dependen la Dirección General de Gestión Migratoria (antes Dirección General de Migraciones), la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida y Protección Internacional ((antes Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión social de la Inmigración), y la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno(desapareciendo La Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de ProtecciónInternacional y Temporal).

En cuanto a las Subdirecciones Generales, desaparecen la de Análisis Migratorio y la de Gestión Económica y de Fondos Europeos. Permaneciendo únicamente la Subdirección General de Régimen Jurídico.

Permanecen adscritos a la Secretaría de Estado de las Migraciones, los órganos colegiados: Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior, la Comisión Interministerial de Extranjería, la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración o elObservatorio Permanente de la Inmigración, cuya presidencia ejercerá la persona titular de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Para el año 2024 la edad ordinaria de jubilación se fija en 65 años salvo para aquellos trabajadores que presentan cotizaciones inferiores a 38 años, en cuyo caso, la edad ordinaria queda fijada en 66 años y 6 meses.

No obstante, la normativa española prevé el acceso a jubilaciones anticipadas por diferentes conceptos: trabajos especialmente penosos, tóxicos o insalubres, un determinado grado de discapacidad, extinciones involuntarias de contrato en supuestos especiales o carreras laborales extensas.

En este último grupo se encuadra la jubilación anticipada voluntaria recogida en el artículo 208 del TRLGSS, en la redacción dada por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

¿Qué requisitos se exigen?

Podrán acceder a esta pensión aquellas personas trabajadoras que tengan cumplida una edad real que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad de jubilación ordinaria que le corresponda, sin tener en cuenta ninguna bonificación. La persona interesada debe acreditar, al menos, 35 años completos de cotización efectiva (a estos exclusivos efectos se computará el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año). Al menos dos de estos años deben estar comprendidos en los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación.

Como último requisito, decir que, el importe de la pensión a percibir debe ser superior a la cuantía de la pensión mínima que le correspondería por su situación familiar al cumplir los 65 años de edad. Esta cuestión es de vital importancia, pues si no se cumple, no se puede acceder a esta modalidad de jubilación. La persona interesada debe encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas a la Seguridad Social, siempre que sea responsable de las mismas.

¿Cuál será la cuantía final de la pensión?

Para el año 2024 la edad ordinaria de jubilación se fija en 65 años salvo para aquellos trabajadores que presentan cotizaciones inferiores a 38 años, en cuyo caso, la edad ordinaria queda fijada en 66 años y 6 meses.

No obstante, la normativa española prevé el acceso a jubilaciones anticipadas por diferentes conceptos: trabajos especialmente penosos, tóxicos o insalubres, un determinado grado de discapacidad, extinciones involuntarias de contrato en supuestos especiales o carreras laborales extensas.

También existe la posibilidad de jubilarse anticipadamente para aquellos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo por causas ajenas a su voluntad. Aquí se encuadra la jubilación anticipada NO voluntaria recogida en el artículo 207 del TRLGSS, en la redacción dada por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

¿Qué requisitos se exigen?

Podrán acceder a esta pensión aquellas personas trabajadoras que tengan cumplida una edad real que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad de jubilación ordinaria que le corresponda, sin tener en cuenta ninguna bonificación. La persona interesada debe acreditar, al menos, 33 años completos de cotización efectiva (a estos exclusivos efectos se computará el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año). Al menos dos de estos años deben estar comprendidos en los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación.

En el BOE del 3 de febrero de 2024 se publica la firma por parte de la República de Colombia del Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS). 

El CMISS constituye un instrumento de coordinación de las legislaciones de Seguridad Social en materia de pensiones entre los diferentes Estados Iberoamericanos que lo ratifiquen y suscriban el Acuerdo de Aplicación.

El CMISS se firmó el 10 de noviembre de 2007, entrando en vigor el 1 de mayo de 2011, tras su ratificación por un total de siete Estados. Hasta el momento, los Estados que han firmado el CMISS y ratificado el Acuerdo de Aplicación son: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Paraguay, Perú, Portugal, Argentina, Uruguay y la República Dominicana, a los que ahora se suma también Colombia.

España publicó el CMISS y su Acuerdo de Aplicación en el BOE el día 8 de enero de 2011.

Además del CMISS, España tiene firmados convenios bilaterales con: Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Uruguay, República Dominicana y Colombia. En estos casos, se aplican las disposiciones que resulten más favorables.

¿Qué características tiene el CMISS?

La pensión de jubilación, por norma general, es incompatible con el trabajo, aunque existen supuestos en los que sí pueden simultanearse:

Existen dos modalidades de jubilación, la PARCIAL y la FLEXIBLE, que permiten compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con la pensión reducida en proporción al porcentaje de la jornada desarrollada (en relación con la jornada completa).

En el año 2013 nace la jubilación ACTIVA que permite cobrar el 50% de la pensión, con independencia de la jornada de trabajo realizada, siempre que la pensión del jubilado cumpla con unos requisitos determinados. Además, en octubre de 2017, se amplía la cobertura para los trabajadores por cuenta propia, que podrán percibir hasta el 100% de la pensión si acreditan tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena.

Además, la pensión de jubilación será compatible también con la actividad de creación artística y con aquellas relaciones laborales (tanto del sector público como del privado) que se encuentren en situación administrativa de excedencia por interés particular (ya que si bien la relación laboral no se encuentra extinguida, no existe una plena prestación de servicios, ni retribución, ni cómputo de periodo a efectos de causar algún tipo de derecho en el sistema de Seguridad Social).

Aquellos trabajadores afiliados a una mutualidad de un colegio profesional también podrán compatibilizar su situación con la pensión de jubilación puesto que no existe un cómputo recíproco de cotizaciones y ello, aunque desde el 1 de enero de 2021 vengan obligados a realizar una cotización de solidaridad del 9% sobre la base mínima de cotización del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia {RETA} que no será computable a efectos de prestaciones (la cuota se deduce mensualmente del importe de la pensión). 

Las lagunas de cotización son periodos durante los que no ha existido la obligación de cotizar y repercuten en el importe de la pensión.

Si en el periodo que ha de tenerse en cuenta para realizar el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no ha existido obligación de cotizar, hablamos de las denominadas LAGUNAS DE COTIZACIÓN (Art. 209.1.b del TRLGSS). Estas ausencias de cotización pueden haberse producido por diferentes motivos: percepción de algún subsidio o prestación sin cotización, periodos sin actividad laboral, excedencias voluntarias, periodos asimilados por parto…

Para evitar que estos vacíos de cotización repercutan de manera negativa en el importe de la pensión (jubilación e incapacidad permanente), el legislador ha previsto un mecanismo de compensación:

Las primeras 48 mensualidades vacías se completarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento y el resto de las mensualidades con el 50 % de dicha base mínima. 

No obstante, el Real Decreto-ley 2/2023 modificó la forma de asimilar las lagunas de cotización con el fin de paliar la brecha de género. Esta modificación entrará en vigor a partir del año 2026. Los porcentajes están referidos a la base mínima de cotización vigente en cada momento:

En tanto la brecha de género sea superior al 5%, se aplicará esta nueva forma de integrar lagunas a las mujeres trabajadoras por cuenta ajena para el cálculo de la pensión de JUBILACIÓN. Será igualmente de aplicación a los varones, siempre en relación con alguno de los hijos, debiendo cumplir los mismos requisitos exigidos para el complemento de brecha de género, a excepción de que la pensión del hombre sea superior a la del otro progenitor. Tampoco se le exige que tenga derecho al CB para integrar lagunas de este modo.

A efectos de calcular las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, la integración de los períodos durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará mediante la integración de lagunas en lugar de la “base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en último término” que recogía la anterior redacción.

Los regímenes de trabajadores por cuenta ajena (Art. 318 TRLGSS, General, Minería del Carbón y Ajena del Mar) tienen prevista la integración de lagunas con algunas particularidades en el caso de trabajadores incluidos en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y Sistema Especial Agrario por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta propia (RETA y cuenta propia del  Mar) no tienen prevista la integración de lagunas, salvo la modificación introducida también por el Real Decreto-ley 2/2023 que indica lo siguiente:

En los supuestos en que en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran, con posterioridad a la extinción de la prestación económica por cese de actividad, períodos durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, se integrarán las lagunas de cotización de los siguientes seis meses de cada uno de dichos períodos con la base mínima de la tabla general de este régimen especial.